Críticas han surgido luego que se conociera que la exsenadora de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, realizó un informe psiquiátrico a un condenado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
La exparlamentaria empezó a trabajar en el Servicio Médico Legal de Concepción hace poco más de un mes y ya registra esta polémica por examinar el estado mental del condenado José Otárola Sanhueza, sargento en retiro de Carabineros, al que calificó como "enajenado mental".
Los abogados querellantes en la causa han cuestionado el peritaje debido a que una declaración del Servicio Médico Legal indica expresamente que la exsenadora no fue contratada para realizar procedimientos relacionados con causas de Derechos Humanos.
Desde el mundo político, la diputada comunista, Lorena Pizarro, criticó duramente el trabajo de van Rysselberghe en el Servicio, señalando que ella “no tiene la estatura ética para hacer este tipo de evaluación, pero fundamentalmente es una agresión en contra de la imparcialidad que debe tener un profesional en estas instituciones”.
“Es una mujer vinculada a la defensa de toda la impunidad que ha transcurrido desde el año 90. Me parece muy grave y no logro entender que una institución como el Servicio Médico Legal recurra a ella para hacer evaluaciones de este tipo”, criticó la diputada Pizarro.
Otárola fue declarado culpable por el homicidio de 19 trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y la papelera de Laja, crímenes por los que cumple una pena de 15 años en la cárcel El Manzano, en Concepción, Región del Biobío.
Hay que decirlo fuerte y claro, Jacqueline Van Rysselberghe no fue contratada para interceder en investigaciones de violaciones a los derechos humanos. Aquí se contradicen todas las razones por la cual ocupa un cargo en el SML. pic.twitter.com/tlGC6SwfEL
— María Candelaria Acevedo Sáez (@Candeladiputada) May 28, 2024