La bancada de la UDI llegó hasta Concepción, en la región del Biobío, para interponer una querella por el caso Convenios, específicamente por la arista Urbanismo Social.
En el caso, hasta el momento, se han detectado transferencias directas por más de 800 millones de pesos desde diferentes instituciones, entre ellas el Gobierno Regional del Maule y la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda.
El diputado Juan Antonio Coloma aseguró que han detectado la existencia de un mecanismo de defraudación.
"Hemos ido detectando que existía un verdadero mecanismo por el cual se creaban fundaciones o se utilizaban fundaciones existentes".
"Se les hacían asignaciones millonarias para entregárselo a fundaciones sin pasar por ningún tipo de concursos y muchas de las cuales, además, eran la primera factura que emitían. El día de hoy nos venimos a querellar por el caso de Urbanismo Social", señaló.
El Ministerio Público abrió una investigación que indagará los dineros entregados a la Fundación Urbanismo Social por parte de la Seremi del Minvu de la Región del Maule.
La investigación nació porque esta fundación era dirigida, hasta el año pasado, por el renunciado seremi de Vivienda, Rodrigo Hernández, militante de Revolución Democrática, mismo partido de los creadores de la polémica Fundación Democracia Viva.
En base a esta indagatoria, el Ministerio Público emitió una orden de allanamiento al Gore del Maule, las oficinas de Urbanismo Social y una serie de domicilios, entre ellos, el del exseremi Rodrigo Hernández, quien en declaraciones aseguró que firmó “sin percatarse” un convenio que favoreció a Urbanismo Social.