El Presidente de la República, Gabriel Boric, condenó el convenio entre Fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda de Antofagasta por 426 millones de pesos.
El representante legal de la fundación es la pareja de la diputada Catalina Pérez, Daniel Andrade (RD), quien además, era asesor del Ministerio Defensa, cargo al que renunció luego de la polémica.
En este contexto, parlamentarios de la UDI presentaron una querella por fraude al fisco y tráfico de influencias, tomando en consideración que la Seremi de Antofagasta era liderada por Carlos Contreras, militante de RD.
En este caso, mismo partido político que el de los miembros fundadores de Democracia Viva, por lo que se cuestiona la legalidad de la adjudicación del convenio, entendiendo el posible conflicto de interés existente.
El Presidente Boric comentó que frente a este tipo de casos "la diferencia es cómo reaccionamos, y nosotros vamos a reaccionar con mucha firmeza. En nuestro Gobierno no lo vamos a permitir".
"La Fiscalía tiene que hacer su trabajo y nosotros tenemos que colaborar, no solamente no obstaculizar, sino que colaborar a que llegue a buen fin a éxito".
"Los ministerios y nuestro Gobierno estarán disponible para ayudar y aplicar las más severas sanciones si así la justicia lo determina. Tenemos que tener el mismo estándar, o incluso más alto, con el que nosotros en su momento juzgamos a nuestros adversarios", agregó el Presidente.
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— Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) June 22, 2023
La querella no se descarta
Asimismo, la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, no descartó querellas contra los responsables de los posibles delitos cometidos en el marco de la adjudicación de este convenio.
“Se envía un equipo para investigar, se va a colaborar plenamente con el Ministerio Público y la Fiscalía para la investigación que se ha abierto al respecto y poner todo a disposición de aquello”, indicó la ministra.
La querella “no lo ha descartado el ministro; el Gobierno nunca descarta nada en general, lo que ahora corresponde es entregar la información”.
Montes: "Dejemos que las instituciones funcionen"
En tanto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, aseguró que solicitaron la devolución de los recursos no utilizados del convenio, que serían 228 millones de pesos, y de pasó respaldó a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, que, según denuncias, tenía antecedentes de estos convenios.
“Nosotros le hemos pedido ahora (a Democracia Viva) que devuelvan los recursos que tienen disponibles, que calculamos que son por lo menos 228 de los 428 millones adjudicados, mientras se evalúa el uso del resto de los recursos”, indicó Montes.
“La subsecretaria cuenta con nuestra confianza plena y yo les pediría que dejen que funcionen las instituciones, que el Ministerio Público determine si hay delito o no. Hay antecedentes que indican que hay delito, pero nosotros no somos quienes para calificar si tal persona es culpable o no”, cerró el secretario de Estado.